El matrimonio infantil y las uniones tempranas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, celebrado el pasado 11 de octubre, UNICEF en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizaron el conversatorio “El matrimonio infantil y las uniones tempranas: ¿Una opción o falta de oportunidades para las niñas y las adolescentes?”, con el fin de visibilizar y desnaturalizar la vulneración a los derechos humanos que conlleva para el desarrollo integral de las niñas y las adolescentes esta práctica nociva.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2015), el 13.3% de las niñas y adolescentes encuestadas viven en unión temprana; situación que se incrementa en las zonas rurales en donde el porcentaje asciende al 21.5% de las niñas y adolescentes. En cuanto a los matrimonios con o entre personas menores de edad, la Superintendencia de Notariado y Registro en 2017 reportó que se realizaron 470 en un año (2016-2017) en notarías de Colombia.
Según la evidencia disponible en el país , el matrimonio infantil y las uniones tempranas guardan una estrecha relación con otras vulneraciones de derechos humanos de niñas y adolescentes. Entre estas se encuentran las violencias basadas en género, los embarazos a temprana edad que significan riesgos para la salud y la vida, la deserción escolar y en general limitan el desarrollo personal y social de las niñas y las adolescentes. Es por esto que, desde las diferentes entidades señaladas anteriormente, se vienen trabajando en estrategias de prevención desde un enfoque de derechos, que ofrezcan la posibilidad de construir los estereotipos de género que sustentan la violencia contra niñas y adolescentes.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas fueron declaradas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Recomendación Conjunta número 18 y 31, como una práctica nociva que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes. Adicionalmente, la eliminación de estas prácticas nocivas está contemplada por el objetivo cinco (5) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esfuerzo en el que las Agencias de Naciones Unidas y el ICBF están comprometidas.
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