La comunidad venezolana en Tunja denuncia que han sido víctima de abusos por parte de algunos agentes de la Policía Metropolitana quienes el pasado 24 de septiembre realizaron un operativo con el fin de repatriar a decenas que viven en la capital de los boyacenses

En medio del proceso los ciudadanos denuncian que: “las autoridades empezaron a desconocer antecedentes de salud en una de las personas la cual sufre de convulsiones, a pasar por alto los derechos de un joven con discapacidad cognitiva, le pusieron zancadilla a una mujer en estado de gestación, les retiraron los teléfonos durante el viaje de regreso a Venezuela”.

Dentro de las acusaciones se visibiliza la situación de un joven con discapacidad cognitiva, a quien suben a un camión , lo llevan al coliseo San Antonio, con una gran cantidad de personas de su misma nacionalidad, él logra enviar un mensaje a su progenitora quien lleva los papeles y puede sacarlo del lugar sobre las 5:00 pm, casi seis horas después de que su familia no supiera nada de su paradero… la historia continúa cuando alguien del personal sanitario o médico quien le toma una muestra de sangre, se percata de su condición especial al tener además los papeles en mano que corroboran su situación y llama la atención de la Policía y les dice “tengan cuidado él tiene trato diferencial, y especial por su condición y dentro de los retenidos también hay mejores de edad…ojo”

Finalmente él es llevado a casa junto a su madre por la Metropolitana, allí tomaron fotos de la fachada, hablaron con el propietario de la casa… ahora dice la progenitora “me siento vigilada y en riesgo” pues mi hijo fue golpeado en la cabeza con un casco y además soportó durante horas groserías y tratos despectivos.

La comunidad informó a Energía Positiva, que algunas mujeres con niños y en condición de embarazo fueron obligadas a subirse a camiones sin información previa, con palabras hostiles discriminatorias y sin un mínimo de medidas de bioseguridad. Una de ellas y por su condición temprana de gestación pidió al conductor del bus parar para poder vomitar e ir al baño con urgencia, a lo cual responde que lo haga en el bus; con el agravante de no haber podido recoger sus cosas, y mucho y de tener hambre por lo cual la misión decide comprar dos pollos y repartirlo a los pasajeros de dos buses.

Las voces institucionales

El Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda, fue enfático en afirmar que Tunja no es una ciudad xenófoba, nosotros hemos realizado el acompañamiento a Migración Colombia, con la garantía de sus derechos con la Defensoría del Pueblo.

Juan Francisco Espinosa Palacios, Director Nacional de Migración, indicó: “Tunja no es una ciudad para delinquir, por eso hemos instalado el Grupo Especial Migratorio, que hará las verificaciones del cumplimiento de las normas por parte de los extranjeros”. Este grupo se encargará a través de los órganos judiciales, de investigar la trata de personas, por parte de colombianos con los extranjeros que están en condiciones vulnerables, así como evitar que los mismos extranjeros utilicen menores de edad para cometer ilícitos. Con un censo cercano a los 5 mil migrantes en la ciudad de Tunja, se desarrolla un trabajo en conjunto con migración, para brindar herramientas a los extranjeros que les permitan regularizar su estadía y situación, y de esta manera evitar la explotación laboral y dar garantías en igualdad de condiciones para migrantes y propios, siempre y cuando cumplan con la normativa migratoria; de estos cerca de 5nmil, más de 2.500 migrantes tienen PEP - Permiso Especial de Permanencia.

El Alcalde de los tunjanos agregó: “Todo aquél que cometa delitos debe ser judicializado, propio o migrante, esa es una premisa, y estamos trabajando con Migración para que a través de la tecnología podamos ser más contundentes con esos procesos de judicialización y para que quien sea sorprendido cometiendo algún ilícito, si la norma lo permite, sea regresado a su ciudad de origen”, las declaraciones se dieron el pasado viernes, durante el lanzamiento del Grupo Especial Migratorio, con el que se busca realizar un mayor control a extranjeros.