A un debate de ser Ley se encuentra proyecto que busca frenar el incremento excesivo del impuesto predial , así lo dio a conocer el senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez. 

De acuerdo con lo dicho por el congresista, en la Comisión Tercera de Senado fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley “Por medio del cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial”. 

El proyecto es autoría del Senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, apoyado por varios senadores y representantes de la misma colectividad y otras bancadas. 

“Hoy el impuesto predial ha crecido en 389% en 15 años, los colombianos llevan más de 10 años pidiendo una menor carga por impuesto predial. Esto es un abuso en su cálculo, por eso con esta iniciativa queremos ajustar el crecimiento del impuesto predial al IPC + 8 puntos, los colombianos merecen que se frene el crecimiento exponencial del impuesto predial, producto de inflexibilidades, no puede seguir creciendo al 200% ni al 300% cómo viene dándose”, argumentó el Senador. 

Ramírez, autor de esta iniciativa dijo que “el proyecto busca reducir el impacto negativo del impuesto predial a los bolsillos de los colombianos y frena el excesivo crecimiento del predial en el territorio nacional”. 

El proyecto de Ley contempla aplicar un impopredial que no puede sobrepasar el aumento inflacionario del año fiscal permitiendo contener excesos en el cobro de la tarifa final del impuesto predial. 

“Es necesario corregir el modelo de cálculo predial que hoy tiene como impacto afectar los ingresos de la clase media del país y restringe la posibilidad que nuevos colombianos quieran adquirir vivienda. Estamos ante uno de los escenarios más críticos de la formación catastral en Colombia”, finalizó Ramírez. 

La lucha en Tunja 

Unidos por Tunja, es el movimiento que nació en la ciudad por el incremento exagerado del impuesto predial luego del proceso de actualización catastral del 2018. La movilización ciudadana que surgió de ésta inconformidad, logró que la administración municipal negociara y se diera la ampliación del 30 % de descuento por pronto pago, que representó una muestra significativa de expresión ciudadana.

"Sin embargo, la renuencia del Concejo Municipal para asumir su papel como órgano de representación ciudadana, que se limitó a confirmar el acuerdo logrado entre el gobierno local y los ciudadanos, producto de lo cual no solo se logró reafirmar la extensión de los descuentos por pronto pago sino el compromiso de reformar el estatuto de rentas de la ciudad, con la finalidad de redefinir los términos de imposición tarifaria en aras de garantizar los principios de progresividad y con ello, generar las condiciones para hacer efectivos los principio de equidad, progresividad y eficiencia", dijeron los voceros del movimiento. 

El pasado viernes 2 de noviembre, el gobierno municipal radicó ante el Concejo de Tunja el proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se modifica el estatuto de rentas del municipio de Tunja y se dictan otras disposiciones” cuyos contenidos deberán ser abordados en las sesiones del mes de noviembre. 

Al respecto, el Movimiento Unidos por Tunja indicó que: Reunidos el 6 de noviembre y habiendo conocido el proyecto en comento, el comité de ciudadano “Unidos por Tunja” se permite manifestar lo siguiente:

1. No existe un soporte conocido y divulgado de carácter técnico, que cumpla con las inquietudes discutidas en el proceso de la movilización, en tanto, su inexistencia impide valorar de manera objetiva todas las consideraciones fiscales, económicas, sociales y jurídicas, entre otros aspectos necesarios para justificar la adopción de un nuevo estatuto de rentas de la ciudad. 

2. El proyecto de Acuerdo, contiene considerandos errados que hacen referencia a una adecuación normativa, sin contemplar la modificación real de la estructura tributaria específica, que responda a las condiciones socioeconómicas que se viven en la ciudad; incluso la justificación planteada en las motivaciones de dicho acuerdo, refiere a la necesidad de adecuar normativamente dicho instrumento, pero en su articulado va más allá, modificando paramentos de asignación tarifaria, términos de exención y otros temas estructurales que deberían estar soportados por un análisis objetivo y técnico, reiterando, que a la fecha no existe tal análisis. 

3. En la medida que la modificación del estatuto de rentas, contiene decisiones que afectan la ejecución fiscal a largo plazo, es irresponsable comprometer la valoración futura de las condiciones fiscales del municipio sobre la base de un proyecto de acuerdo sin el pertinente soporte técnico y menos, sin contar con la participación de la ciudadanía y de los demás sectores económicos y académicos de nuestra ciudad. 

Estas consideraciones evidencian la improvisación y premura por parte de la Administración Municipal para gestionar un entorno político, social y técnico adecuado teniendo en cuenta la importancia estructural del estatuto de rentas como instrumento central del manejo fiscal en la ciudad, incluso subvalorando el impacto que genera la discusión a nivel nacional, de la reforma tributaria, agregando a la ya inquieta opinión pública, un elemento más de incertidumbre derivado de las acciones lesivas para el presente y el futuro de la ciudad y de sus ciudadano. 

Por lo anterior: Rechazamos el nocivo y peligroso proyecto de Acuerdo formulado por la administración municipal en tanto representa un nuevo impacto negativo sobre la actividad económica de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos, generando un riesgo fiscal para los próximos gobernantes por: 

 La inadecuada valoración tarifarias que no corresponde con valores reales de la base gravable y su impacto sobre el ingreso de los hogares. 

 No contemplar la reducción de sobretasas ambiental y bomberil, que desde el 2006 generan cargas adicionales, sin que sea posible establecer el retorno en el bienestar de la ciudad.

No presentar coherencia entre las variables de estratificación y la escala tarifaria, sobre la base gravable que establece el valor de los predios, imponiendo una carga alta en los estratos de menores y medios ingresos, pero favoreciendo la renta especulativa de grandes propiedades que no cumplen el principio constitucional de la función social de la propiedad. 

 No asumir de manera acuciosa la revisión estructural de las tarifas, cargas que sostienen las actividades comerciales y de servicios en la ciudad, obligadas a responder por múltiples factores tales como industria y comercio, servicios públicos, derechos de autor, registro mercantil, renta, registro sanitario, certificado de seguridad humana, que convierte, el mismo predial, entre muchos otros, que mantienen esta actividad en una situación de asfixia, cuyo efecto se traslada necesariamente al costo de los bienes y servicios, es decir al consumidor final, tal como lo demuestran las estadísticas recientes del DANE que nos sitúan como una ciudad con tasas crecientes en el costo de vida. 

 La continua ambigüedad en cómo se pretende efectuar el cobro por concepto de Alumbrado Público. La coyuntura nacional generada por la propuesta para discutir la “Ley de financiamiento”, eufemismo para aplicar una nueva y gravosa reforma tributaria, cuyo eje central significa la acentuación del impacto sobre la canasta familiar y en consecuencia la disminución del ingreso de la población, agrega un nuevo elemento de intranquilidad social que bajo las actuales condiciones de desaceleración de la economía, magnifica el impacto social y económico por la irresponsabilidad del gobierno nacional y en éste caso en específico del gobierno municipal, que ha mostrado durante lo transcurrido del periodo del gobierno una postura de intransigencia y la insensatez. 

En consecuencia, exigimos a los Concejales de la ciudad de Tunja archivar el proyecto de acuerdo, por las inconveniencias y riesgos ya señalados, teniendo en cuenta el momento actual que a nivel nacional genera la discusión de una reforma tributaria y sus impactos de carácter regresivo en el conjunto social y económico. 

Constituye una afrenta a la ciudadanía, imponer un pírrico descuento del 20% por pronto pago, desconociendo el mandato popular originado en la movilización, concerniente en un descuento mínimo del 30% (que en consecuencia se debería mantener) y a pesar que en el proyecto que la administración municipal envío a Unidos por Tunja, se hablaba de un 25% hasta el mes de marzo de 2019. 

Demandamos de la Administración Municipal, la realización de un estudio técnico objetivo y amplio, sobre las reales condiciones socioeconómicas en la ciudad y de su capacidad para poder responder a las cargas tributarias que puedan derivarse de la adopción de un nuevo estatuto de rentas. 

Reclamamos que todos los procedimientos relacionados con el asunto en debate, se haga participe a la ciudadanía, en aras de hacer efectivos los principios constitucionales que garantizan la participación ciudadana, la construcción de una gobernanza real y la responsabilidad del gobernante y los concejales frente al mandato ciudadano que ha generado la movilización ciudadana.