En las próximas semanas la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para evaluar el caso de una mujer que enfrentó múltiples barreras para acceder a un aborto legal y que solo pudo obtener este procedimiento gracias a una tutela. La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide y Dejusticia temen que este alto tribunal limite las semanas en las que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues argumentan que esto pondría en riesgo sus vidas, su salud y aumentaría las barreras existentes que impiden la garantía de este derecho

Las organizaciones firmantes presentaron diferentes intervenciones ante la Corte Constitucional en las que mostraron la inconveniencia de restringir este derecho. Explicaron que, por un lado, el peligro para la vida o salud de la mujer y la inviabilidad fetal –que son causales de aborto permitidas en Colombia– podrían diagnosticarse en semanas avanzadas del embarazo y, por lo tanto, un límite de tiempo sería incompatible con estas causales. Por otro lado, este requisito adicional aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres que necesitan acceder a este derecho.   

Hoy en día, dentro del sistema de salud, existen múltiples barreras que alargan el tiempo de espera de las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo e impiden que su decisión sea libre, consentida e informada. Es común que las EPS, los hospitales y profesionales no estén bien informados y desconozcan las causales despenalizadas. Es usual que les pidan a las mujeres requisitos adicionales a los exigidos legalmente. La falta de centros médicos que realizan este procedimiento es otro obstáculo que no permite a las mujeres –especialmente en las zonas rurales del país– acceder a un aborto legal, seguro y oportuno. A esto se suma, además, el reproche cultural que cae sobre las mujeres que tienen el derecho a abortar y voluntariamente quieren hacerlo.  

Por estas razones, las organizaciones le piden a la Corte Constitucional que no limite las semanas en las que las mujeres pueden acceder a un aborto legal y seguro. Por el contrario, es necesario que la Corte contribuya a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho, especialmente las que habitan en áreas rurales, las más pobres y las que tienen menos acceso a información. Imponer más barreras al acceso a este derecho obligará a las mujeres a seguir acudiendo abortos clandestinos o a llevar a término embarazos que amenazan su salud y sus vidas. Esto último ha sido considerado por la Corte Constitucional como una carga desproporcionada para las mujeres y, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como una violación al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

Cabe recordar que, desde hace 12 años, el aborto en Colombia es legal en tres circunstancias: cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando se presente una incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.