Según grupos defensores de derechos humanos, a la fecha 260 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en Colombia desde diciembre de 2016, en medio de la implementación del proceso de paz. “El incremento en los homicidios obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz.

Esa misma posición la comparten defensores de Boyacá como Alexandra Vásquez de Aucafura, Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Erradicación de la Violencia de Género, quien añadió que, "los defensores de los derechos humanos nos preguntamos a nivel nacional qué está pasando, pues el paramilitarismo parece haber recobrado su fuerza y ser el responsable de asesinatos sistemáticos en todo el país".

Y es que en las últimas horas se ha conocido el asesinato de nueve líderes sociales, lo que desencadenó diferentes manifestaciones, entre ellas la del colectivo Las Mujeres Contamos que hizo un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales para atender la crisis social y humanitaria por estos crímenes.

Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca y Córdoba son las regiones en donde fueron acribillados estos líderes.

“Desde el colectivo, Las Mujeres Contamos se exige al gobierno entrante y saliente de Colombia que den garantías a quienes hoy están siendo amenazados por grupos armados al margen de la ley. La actual situación que está atravesando Colombia con el asesinato de líderes sociales y campesinos hace necesario que organismos internacionales como la OEA, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rigth Watch volteen a mirar la crisis social y humanitaria que padece Colombia”, mencionan las integrantes del colectivo que además crearon la tendencia #NosEstánMatando, mediante la cual quiso despertar la consciencia de un país que parece indiferente ante la tragedia de quienes luchan por los derechos de todos.

Otros asesinatos

Hace siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de los guardias indígenas Gustavo Parra y Sebastián Velásquez en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio, se contaron, en un periodo menor a 24 horas, dos líderes sociales asesinados Julio Sucerquia y José García en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa sigue estrangulando al río Cauca. El 28 de junio, fue asesinado el líder campesino Carlos Idrobo en la zona de El Patía, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Ayer, 2 de julio, fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una “limpieza”. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales: Felicinda Santamaría en el Chocó y Luis Barrios en Atlántico.

“Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen”, manifiestan las comunidades indígenas de Cxhab Wala Kiwe.

Agregan que el pasado 1 de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo; en esta ocasión, el proyecto político-electoral MAIS y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del “castrochavismo”.

“Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitado por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación”.

Más problemáticas

Los colectivos sociales han agregado que esta problemática se suma a la de bloques políticos que buscan “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia.

“El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición de la erradicación forzada y armada, son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la Reforma Rural Integral; pero con mayores consecuencias aún, propiciaron la castración de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial: primero los muertos, luego los proyectos, en seguida las multinacionales extractivistas y por último el “progreso””.

Atentados

Otras denuncias conocidas a la fecha tienen que ver con amenazas contra líderes sociales. La Escuela de Formación Política de la Opiac de la Amazonía dio a conocer los hechos de los que fue víctima Sofia Mariño, esposa de Darío Silva; reconocidos líderes, amigos e inspiradores de esta Escuela.

“La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, denuncia y rechaza los hechos de intento de homicidio, tortura y amenazas contra lideresa indígena, y su esposo reconocido dirigente indígena en Amazonas por hombres armados. El hecho se presentó en la comunidad de Curare, en La Pedrera, Amazonas, cuando dos sujetos armados intentaron ahorcar a la líderesa indígena Sofía Mariño, cuando se encontraba en su chagra”, menciona el comunicado emitido por las organizaciones.

Los sujetos la golpearon fuertemente con la culata de sus armas en la espalda y la cara, dejándola gravemente herida y desmayada en su canoa. La lideresa fue encontrada por un sobrino que la llevó al Centro de Salud de La Pedrera.

En este mismos hecho también fueron amenazados sus dos hijos y su esposo el dirigente indígena Darío Silva, uno de los dirigentes más antiguos de esta asociación, quien ha sido represente legal y coordinador del aérea de territorio de AIPEA, actualmente viene acompañando la construcción y concertación del Decreto sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, ha representado a las asociaciones indígenas en escenarios nacionales e internacionales. En este momento se encuentra en la ciudad de Leticia, como vocero de las ASOCIACIONES DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL AMAZONAS – AATIS en el marco de la Mesa Permanente de Coordinación con la Gobernación del Amazonas.

La ONIC alerta a la comunidad nacional, internacional y a los organismos competentes sobre el grave riesgo en la que se encuentra el dirigente Darío Silva, su esposa la lideresa Sofia Mariño y su núcleo familiar.

Solicitudes

Las organizaciones han coincidido en que solicitan al Gobierno de Juan Manuel Santos, a los ministerios de Defensa, del Interior, a La Unidad Nacional de Protección –UNP-, la Defensoría del Pueblo, organismos de Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, y demás entidades llamadas a atender y garantizar la vida y los Derechos Humanos, para que se garanticen plenos derechos de los líderes y lideresas sociales del país.

“Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el gobierno nacional para detener los niveles elevados de violencia contra defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, es urgente la intervención de los organismos de control sobre las acciones del gobierno nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acción eficaz de los organismos de investigación y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de líderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el más perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades”.

El próximo viernes 6 de julio a las 6:00 p.m. se está citando a una velatón en todas las plazas públicas del país para rechazar, condenar estos actos y hacer un llamado a organismos nacionales e internacionales para evidenciar el asesinato sistemáticos de líderes sociales en Colombia.