La capital boyacense enfrenta una de sus crisis administrativas más complejas de los últimos años. En las últimas horas, la Veeduría Ciudadana Nacional elevó una solicitud formal al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para que devuelva la terna de candidatos presentada para elegir al alcalde encargado de la ciudad.

La terna, compuesta por María Paula Jiménez, Carlos Andrés Rondón y Lilibeth Suárez, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de sectores civiles. Según la Veeduría, los perfiles presentados no garantizan la neutralidad ni el liderazgo técnico que la ciudad requiere para superar la actual parálisis institucional.

El argumento principal radica en la necesidad de un mandatario que no solo cumpla con los requisitos de ley, sino que posea una trayectoria libre de ruidos políticos para retomar el rumbo de los proyectos estratégicos de la capital.

Según información recopilada por el medio Boyacá 7 días los impedimentos señalados por la Veeduría Ciudadana Nacional para solicitar que se devuelva la terna son los siguientes:

1. María Paula Jiménez Gómez: su principal cuestionamiento proviene de su arraigo. Jiménez es hija de Ezequiel Jiménez, actual alcalde de Paz de Río, y se desempeñó como gestora social de ese municipio.

El impedimento: La Veeduría argumenta que no cumple con el requisito de residencia permanente en Tunja durante los últimos tres años. Además, se señala que no milita en el partido "La Fuerza de la Paz" (el movimiento de Roy Barreras que presentó la terna), lo que invalidaría su postulación bajo las reglas de esa colectividad.

2. Lilibeth Suárez Pacheco (Vínculo con la Asamblea) Es la esposa del actual diputado de Boyacá, Jairo Pacheco Suárez.  El impedimento: Aquí aplica la Ley 617 de 2000, que establece inhabilidades para quienes tengan vínculos matrimoniales o de unión permanente con funcionarios que ejerzan autoridad política o civil en el mismo departamento.

Sobre la investigación: El veedor Juan Carlos Calderón España ha hecho énfasis en que la relación directa de su esposo con el poder departamental genera una incompatibilidad legal. En el ámbito político local, la figura del diputado Pacheco ha estado bajo la lupa por su influencia en la terna, lo que la Veeduría califica como una falta de garantías de transparencia.

3. Carlos Andrés Rondón: Aunque es el perfil con más trayectoria en la ciudad (exconcejal y abogado), su nombre queda en el aire debido a la solicitud de devolver la terna completa. El argumento es que, si más del 50% de los candidatos (las dos mujeres) presentan tachas legales o de residencia, la lista pierde su validez y debe ser recompuesta para garantizar también la cuota de género y la legalidad del proceso.

En resumen, la situación tiene a la Gobernación en una encrucijada legal, ya que aceptar la terna con estas posibles inhabilidades podría derivar en futuras demandas de nulidad contra el encargo.

Además esta solicitud se produce en un clima de alta tensión judicial. Cabe recordar que la Contraloría mantiene abiertos procesos contra siete exsecretarios de la administración del exalcalde Alejandro Fúneme, por un presunto detrimento patrimonial que supera los $110 millones.

A esto se suma la lupa puesta sobre la gestión de Mikhail Krasnov, cuya administración también es objeto de auditorías por hallazgos administrativos y fiscales que involucran a dos de sus funcionarias de confianza.

"Tunja no puede seguir en un interinato que no brinde garantías. La elección del alcalde encargado debe priorizar la transparencia y la capacidad de gestión por encima de los acuerdos burocráticos", señaló un vocero de la Veeduría.

¿Qué sigue para la capital?

El gobernador Amaya tiene ahora la responsabilidad de decidir si acepta la terna actual o si, atendiendo al clamor de la Veeduría, solicita nuevos nombres que generen mayor consenso. Mientras tanto, temas críticos como la movilidad, la seguridad y el cumplimiento del calendario tributario (que actualmente ofrece un 20% de descuento en el predial) siguen siendo la principal preocupación de los tunjanos.

Se espera que en los próximos días la Gobernación emita un pronunciamiento oficial que defina quién llevará las riendas de la ciudad en este periodo de transición.