Boyacá y Casanare, vivieron las ejecuciones extrajudiciales,entre 2005 y 2008. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –COSPACC y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, presentaron este sábado 15 de febrero el Informe “Simulando la Victoria” ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No repetición, órgano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, encargado de esclarecer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado colombiano.

El informe da cuenta de la responsabilidad del Estado por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre los años 2005 y 2008, atribuibles a la XVI Brigada de la IV División del Ejército Nacional, sustentado en un análisis de la creación de ésta, de la reseña del acompañamiento realizado a 14 casos que agrupan 23 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Brigada y de un análisis del sistema de incentivos y beneficios otorgados por la institución. Partiendo de esto, en el informe se identifican algunas de las causas explicativas de esta conducta y se establecen los patrones más representativos.

En el documento se resalta el contexto de la región, el cual estuvo fuertemente marcado por la presencia de la British Petroleum Company (BP) y su relación con la financiación de las unidades militares de la zona, las cuales surgieron como una herramienta para la protección de la actividad petrolera en la región, más que como respuesta a una situación de enfrentamientos armados a gran escala.

Además, se evidencia el conocimiento de la práctica, derivado del control de mando y de las comunicaciones que necesariamente existen al interior de una unidad militar, al tiempo que se presenta un análisis de diferentes fuentes, entre las que se encuentran las declaraciones rendidas por diferentes oficiales al interior de los casos plasmados en el informe, con las que se establece que los superiores tenían conocimiento de las operaciones desplegadas por los batallones que integraban la Brigada, y por lo tanto, de las práctica de ejecuciones extrajudiciales, sin que se llevaran a cabo acciones para sancionar e impedir su continuidad. 

El informe contribuye, además, al cumplimiento del mandato de la Comisión de esclarecer las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los DDHH y al DIH, al presentar una serie de casos y reseñar un análisis a partir del cual se logran identificar los principales patrones en la práctica de este crimen, como: la simulación de combates con el propósito de presentar resultados positivos en la acción militar y obtener beneficios jurídicos, militares y económicos; la participación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) - Seccional Casanare, el cual emitió falsos informes de inteligencia en los que se vinculaba a las víctimas con grupos insurgentes; las decisiones favorables a los militares en la Justicia Penal Militar, a pesar de las irregularidades manifiestas en las operaciones, las cuales daban suficientes motivos para intuir que se trataba de ejecuciones extrajudiciales; entre otros patrones representativos reseñados.