El colapso del puente Quebrada Blanca, en el municipio de Otanche, generó la pérdida de inversiones del Estado y un presunto detrimento patrimonial por valor de $10.792 millones de pesos, determinó la Contraloría General de la República, que señaló la  responsabilidad que puede tener en esta situación la entidad encargada del proyecto, el Fondo Adaptación. Los contratos de obra e interventoría de este puente, situado en un tramo de la llamada Transversal de Boyacá,  demandaron inversiones de $9.504 millones y $1.287 millones, respectivamente. Al atender una denuncia sobre el tema presentada por el Senador León Rigorberto Barón, el organismo de control encontró además que el posible daño patrimonial por los estudios y diseños de esta obra, incluyendo la interventoría de los mismos, suma $502 millones 994 mil pesos, con lo cual el detrimento total llega a los $11.294 millones. Para la Contraloría, el colapso de la estructura del puente afectó significativamente la mayor parte de los elementos estructurales del mismo, y en gran medida se debió a errores de ingeniería, como fallas en los supuestos de diseño y en las revisiones de la etapa de pre-construcción, que se podían haber evitado si se hubieran detectado a tiempo, con una adecuada supervisión. El puente vehicular de Quebrada Blanca fue entregado a la comunidad el 27 de febrero de 2017 para su uso pleno y presentó colapso estructural a los 3 meses (entre el 19 y 21 de mayo). Antes de colapsar, se había advertido y monitoreado la condición de desplazamiento del puente (lo cual era una clara señal de amenaza sobre la estructura del mismo), pero no se realizaron gestiones para tomar acciones que pudiesen prevenir o contrarrestar una amenaza agresiva sobre la estructura. No se tuvieron en cuenta las condiciones geológicas de la zona La Contraloría evidenció que para el diseño final del puente no se tuvieron en cuenta los conceptos técnicos, los antecedentes geológicos, los riesgos por inestabilidad de la zona y los colapsos que tuvieron por este motivo obras anteriores. De acuerdo a comunicación dirigida por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, al director del Fondo Adaptación, Iván Mustafá Durán, “los estudios y diseños Fase III no cumplieron con la finalidad esperada, al no brindar un diseño que se ajustara a las condiciones y necesidades del sitio, situación que redundó en el colapso de la estructura”. Por dicho motivo, se configura un presunto detrimento patrimonial por $395 millones 807 mil pesos, correspondiente al valor de los estudios y diseños para este sector. De igual manera, las funciones de interventoría ejercidas sobre este contrato presentaron deficiencias por cuanto no advirtieron todas las situaciones descritas anteriormente, que incidieron en el colapso de la estructura, generando un posible detrimento al erario por un valor de $107 millones 186 mil pesos, correspondiente al costo de la interventoría de los diseños del puente Quebrada Blanca. Era un riesgo previsible Para la Contraloría es claro que el colapso de la obra no es producto de un fenómeno súbito de la naturaleza, sino de un fenómeno de remoción en masa local detectado en estudios anteriores y “que podía haber sido controlado adecuadamente si se hubiera prestado la debida atención y se hubieran diseñado las obras, tanto del proyecto, como de mitigación de riesgo, de manera adecuada”. Aún más, el organismo de control consideró que ese “Era un riesgo previsible y controlable, y las debilidades presentadas en el diseño y la ejecución del proyecto generaron la materialización de los riesgos asociados, lo cual repercutió en un detrimento de los recursos públicos, y el incurrir en inversiones posteriores que no estaban contempladas, lo cual también se constituye en presunto detrimento patrimonial”.