Mediante el Decreto 2265 del 29 de noviembre de 2017, la Presidencia de la República modificó el único Reglamento del sector Salud y Protección Social con la pretensión de que los recursos que le corresponden a las regiones sean administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Al respecto, el día de ayer en reunión extraordinaria de gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, participó y dejó clara su posición frente a las implicaciones del Decreto 2265 de 2017, según informó la oficina de prensa de la Gobernación. "No podemos echar para atrás la descentralización, conquista social de los colombianos. Como siempre, alzamos nuestra voz a favor de la autonomía regional”, fueron las palabras del gobernador Amaya. Así como el mandatario se pronunció, también lo hizo el exalcalde de Tunja, Arturo Montejo Niño, quien a raíz de un cáncer gástrico que sufre desde hace dos años se ha convertido en un veedor de salud en el departamento. En palabras del arquitecto, “la decisión del presidente Juan Manuel Santos es un ‘raponazo’ a la salud de todos los departamentos, pues ahora estas entidades territoriales tienen que girarle a la Nación los recursos que se destinaban para infraestructura hospitalaria. Es decir, se deben girar los recursos que se recaudan para licores, juegos de azar y lotería, que se destinaban para mejorar el servicio y los puntos de atención”. Según Montejo la decisión también implica dificultad de atención a los pacientes con cuadros clínicos de alta complejidad, así como el retroceso en el mejoramiento de hospitales como el San Rafael de Tunja, y otros de segundo y primer nivel. “El paseo de la muerte es la consecuencia que puede llegar a darse, pues no habrá suficiente recurso para atender a los pacientes”, finalizó Arturo Montejo, en diálogo con Energía Positiva.